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Los recursos destinados para la niñez y adolescencia en situación de discapacidad son insuficientes

Boletín 220

LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SON INSUFICIENTES

Afirmaron los Concejales

En la sesión plenaria dedicada al análisis de la situación de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes de Medellín, la concejal Nataly Vélez Lopera, del Partido Centro Democrático, líder del debate, afirmó que este tema es un viacrucis en la ciudad, además de que existen todavía deficiencias respecto a la inclusión educativa para las personas con esta condición. 

Indicó que muestra de ello es que el año pasado solo se invirtieron 3.827 millones de recursos ordinarios. En total 170 de 408 sedes educativas cuentan con personal de apoyo, lo cual es insuficiente para brindarles acceso permanente a educación, tomando en cuenta que 10.129 niños de 14.874 están en condición de discapacidad mental, intelectual y psicosocial. 

Por ello, Vélez Lopera manifestó su preocupación ante la disminución del presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social y Familia para este año que se quedan cortos para atender las múltiples necesidades derivadas de esta problemática, debido a que frente a 2017 se presentó una reducción del 12 por ciento.  

Concluyó solicitando a la Administración Municipal optimizar los espacios escolares mediante jornadas académicas flexibles que cubran la totalidad de esta población, fortalecer la Unidad de Atención Integral de San Cristóbal, consolidar un sistema único de información de registro de personas con discapacidad, aumentar el acompañamiento a los cuidadores, capacitar continuamente a los docentes y realizar una transición efectiva del programa Buen Comienzo a la educación regular. 

Acto seguido, la concejal Luz María Múnera Medina, del Partido Polo Democrático, segunda bancada, afirmó que la capital antiqueña no asegura los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, debido a que la actual Política Pública no ha sido llevada la práctica. 

Señaló que, en la Comisión Accidental destinada a tratar este tema, ha reiterado que un Plan de Desarrollo sin recursos económicos, ni técnicos y humanos no es efectivo. Además, agregó que se necesita seguimiento y evaluación para cumplir no solo las metas planteadas desde su creación, sino los decretos reglamentarios pensados para inclusión social, y solicitó a la Administración Municipal un informe detallado del funcionamiento de las aulas de apoyo y el número de personas en condición de discapacidad que han accedido a empleo. 

Durante su intervención, el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, del Partido de la U, tercera bancada, requirió especial atención frente a las actuaciones del personal de los colegios que no cumplen con la Política de Inclusión, expresando que muchos no están preparados para afrontar y acompañar la situación de la población con discapacidad. 

De otro lado, insistió en que es necesario la construcción de escenarios que estén diseñados para facilitar el acceso y la movilidad de este grupo de personas, teniendo en cuenta que el 90 por ciento de las instituciones educativas físicamente no cumplen con las condiciones de accesibilidad, lo cual retrasa su desarrollo desde todo punto de vista. 

Concejales que tomaron la palabra, señalaron que la priorización de recursos para obra pública ha sido uno de los obstáculos para avanzar en la inclusión de la niñez y adolescencia en condición de discapacidad. Además, hicieron un llamado de atención para revisar los procesos de contratación que se llevan a cabo, dado que muchos de estos han sido responsables de los retrasos en la prestación de servicios para esta población. 

Por su parte, el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Luis Bernardo Vélez Montoya, aseveró que la Política Pública de Discapacidad de Medellín se está desarrollando y se han logrado importantes avances mediante estrategias para capacitar a los cuidadores, fortalecimiento de personal de apoyo en colegios y actividades para acercar los servicios de salud. No obstante, reconoció que hacen falta recursos para responder a la demanda de programas sociales, lo cual también se logra con la ayuda de diferentes actores sociales. 

En su exposición, Edwin Alberto Salazar Henao, del grupo de investigación SEVIDA, se refirió a la caracterización de las personas con discapacidad con corte a 31 de diciembre de 2017. Según el experto, en Medellín hay 63.848 personas con discapacidad por diferentes causas, siendo una de las más importantes los incidentes viales, concentrados en los estratos 1, 2 y 3, encabezado por la comuna de Manrique con un total de 7.014 casos. Asimismo, dijo que un 35 por ciento no acude al servicio de rehabilitación por falta de autorización de las aseguradoras y escases de recursos económicos. 

Por último, representantes de la comunidad, solicitaron su participación en el sistema de educación, a través de programas que sean pertinentes y les permitan cumplir con los objetivos personales y académicos; así como garantizar el acceso al derecho de la salud de forma digna y efectiva.

Los recursos destinados para la niñez y adolescencia en situación de discapacidad son insuficientes

Boletín 220

LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD SON INSUFICIENTES

Afirmaron los Concejales

En la sesión plenaria dedicada al análisis de la situación de discapacidad de los niños, niñas y adolescentes de Medellín, la concejal Nataly Vélez Lopera, del Partido Centro Democrático, líder del debate, afirmó que este tema es un viacrucis en la ciudad, además de que existen todavía deficiencias respecto a la inclusión educativa para las personas con esta condición. 

Indicó que muestra de ello es que el año pasado solo se invirtieron 3.827 millones de recursos ordinarios. En total 170 de 408 sedes educativas cuentan con personal de apoyo, lo cual es insuficiente para brindarles acceso permanente a educación, tomando en cuenta que 10.129 niños de 14.874 están en condición de discapacidad mental, intelectual y psicosocial. 

Por ello, Vélez Lopera manifestó su preocupación ante la disminución del presupuesto de la Secretaría de Inclusión Social y Familia para este año que se quedan cortos para atender las múltiples necesidades derivadas de esta problemática, debido a que frente a 2017 se presentó una reducción del 12 por ciento.  

Concluyó solicitando a la Administración Municipal optimizar los espacios escolares mediante jornadas académicas flexibles que cubran la totalidad de esta población, fortalecer la Unidad de Atención Integral de San Cristóbal, consolidar un sistema único de información de registro de personas con discapacidad, aumentar el acompañamiento a los cuidadores, capacitar continuamente a los docentes y realizar una transición efectiva del programa Buen Comienzo a la educación regular. 

Acto seguido, la concejal Luz María Múnera Medina, del Partido Polo Democrático, segunda bancada, afirmó que la capital antiqueña no asegura los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, debido a que la actual Política Pública no ha sido llevada la práctica. 

Señaló que, en la Comisión Accidental destinada a tratar este tema, ha reiterado que un Plan de Desarrollo sin recursos económicos, ni técnicos y humanos no es efectivo. Además, agregó que se necesita seguimiento y evaluación para cumplir no solo las metas planteadas desde su creación, sino los decretos reglamentarios pensados para inclusión social, y solicitó a la Administración Municipal un informe detallado del funcionamiento de las aulas de apoyo y el número de personas en condición de discapacidad que han accedido a empleo. 

Durante su intervención, el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, del Partido de la U, tercera bancada, requirió especial atención frente a las actuaciones del personal de los colegios que no cumplen con la Política de Inclusión, expresando que muchos no están preparados para afrontar y acompañar la situación de la población con discapacidad. 

De otro lado, insistió en que es necesario la construcción de escenarios que estén diseñados para facilitar el acceso y la movilidad de este grupo de personas, teniendo en cuenta que el 90 por ciento de las instituciones educativas físicamente no cumplen con las condiciones de accesibilidad, lo cual retrasa su desarrollo desde todo punto de vista. 

Concejales que tomaron la palabra, señalaron que la priorización de recursos para obra pública ha sido uno de los obstáculos para avanzar en la inclusión de la niñez y adolescencia en condición de discapacidad. Además, hicieron un llamado de atención para revisar los procesos de contratación que se llevan a cabo, dado que muchos de estos han sido responsables de los retrasos en la prestación de servicios para esta población. 

Por su parte, el secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Luis Bernardo Vélez Montoya, aseveró que la Política Pública de Discapacidad de Medellín se está desarrollando y se han logrado importantes avances mediante estrategias para capacitar a los cuidadores, fortalecimiento de personal de apoyo en colegios y actividades para acercar los servicios de salud. No obstante, reconoció que hacen falta recursos para responder a la demanda de programas sociales, lo cual también se logra con la ayuda de diferentes actores sociales. 

En su exposición, Edwin Alberto Salazar Henao, del grupo de investigación SEVIDA, se refirió a la caracterización de las personas con discapacidad con corte a 31 de diciembre de 2017. Según el experto, en Medellín hay 63.848 personas con discapacidad por diferentes causas, siendo una de las más importantes los incidentes viales, concentrados en los estratos 1, 2 y 3, encabezado por la comuna de Manrique con un total de 7.014 casos. Asimismo, dijo que un 35 por ciento no acude al servicio de rehabilitación por falta de autorización de las aseguradoras y escases de recursos económicos. 

Por último, representantes de la comunidad, solicitaron su participación en el sistema de educación, a través de programas que sean pertinentes y les permitan cumplir con los objetivos personales y académicos; así como garantizar el acceso al derecho de la salud de forma digna y efectiva.